Una opinión sobre el llamado “Programa de estabilidad económica para Cuba”

Por: DrC Camilo Rodríguez Noriega.

La oferta de un Programa de estabilidad económica para Cuba debe agradecerse, sobre todo si este ayuda a enrumbar lo que el Estado cubano viene haciendo al respecto a partir de la propuesta del VI Congreso del PCC. Primero, porque entrega un esfuerzo intelectual propositivo que está enclavado en acuciantes problemáticas de la economía nacional. Segundo, porque suma un criterio teórico a un escenario de búsqueda donde la solución definitiva es algo por encontrar y, en consecuencia, todos los análisis pueden incorporar puntos de vistas valiosos, aunque ninguno por separado pueda ser definitivamente EL ANÁLISIS y LA PROPUESTA.

Por eso es tan importante el ejercicio democrático y el equilibro del criterio desde el indisoluble nexo entre teoría y práctica para responder, entre otras cuestiones, a la necesidad indudable de asumir “un sector estatal eficiente con obreros bien remunerados, en combinación con un sector no estatal que permita que la gente produzca de acuerdo con su capacidad”. (P Monreal:Reformando a Cuba. La pugna entre economistas y la teoría del caballo muerto.)

Sería tonto virar la espalda a una consideración como la del “Programa de estabilidad económica para Cuba”, siempre que de lo que se trate sea de evaluar objetivamente la situación existente, incluidos los niveles de ineficiencia económica e incluso aspectos sustanciales del modo económico en que hemos practicado la vía socialista de desarrollo, aunque en modo alguno esto suponga cuestionar la necesidad histórica latente de la continuidad de la misma, cualquiera que sean las reformas pertinentes. En ese espíritu he analizado el proyecto y, sin ser economista, creo que están planteados en el mismo varios asuntos que merecen reflexión para la acción. Los criterios que logro conformar al respecto los comparto honestamente en lo que sigue.

Precisamente porque la construcción socialista exige mucho más que economía sólida (aunque sin economía no puede haber construcción socialista pero tampoco una economía sólida genera ‘per se’ socialismo)
me decido a intervenir opináticamente en el intercambio o polémica que se ha producido en torno a esta propuesta y a otros criterios.

Respecto a las consideraciones que hace el Programa sobre lo que ha de ser primero (Lo primero es lo primero)  subrayo, en concordancia con la síntesis de las ideas que allí se exponen, la importancia que tiene trabajar, como observaba Lenin, en el aseguramiento de la transición de las anteriores tareas principales a las nuevas.  Es decir, el valor de empezar por poner en práctica con eficacia lo más simple, de organizar de manera satisfactoria lo existente como premisa para preparar lo más complicado. Claro, importa hacerlo afianzando, en lo máximo factible, lo socialista logrado y gestionando todo el socialismo posible. Es ese un buen espíritu y forma parte del sentido de búsqueda en que andamos. Pero lo trazado como “lo primero” considero que está lejos de ser una tarea de plazo rápido, por disímiles razones objetivas y subjetivas, entre ellas las inscriptas en el tipo de proyecto político social que muchísimos cubanos y cubanas nos empeñamos en continuar en el flujo de condiciones existentes.

Lo anterior no niega la significación de las empresas no estatales en la estrategia de desarrollo nacional; es la conciencia de necesidad objetiva ello la que las incorpora a la política vigente. Es cierto que ha sido la empresa privada la que ha generado el mayor ritmo de empleo en la última etapa, mientras la estatal ha decrecido como hace notar el autor. No es una noticia, así estaba previsto en las bases de dicha estrategia política.

Sin dudas, el eje central (el control político del Programa por parte de los trabajadores) es válido para cualquier tipo de propiedad en que se asienten los distintos tipos de sectores económicos nacionales.
El control de los trabajadores (no únicamente obrero y, en mi criterio, sí más exactamente popular) debiera no estigmatizar, frente a la pertinencia de una comisión, el significado del total de los colectivos laborales desde sus organizaciones sindicales, campesinas y otras asociaciones, ni lo que se ha venido denominando control popular, aunque es evidente que todo ello deba ser revaluado críticamente en términos de estimular y alcanzar superior eficacia. Agregar algo paralelo obviando lo que está, por el mero hecho de ser distinto y no necesariamente novedoso, no es obligatoriamente garantía de que sea mejor y se salte ineficiencias acumuladas. En cambio, si puede generar algunos desaprovechamientos de un acumulado de actividad que debería ser incorporado críticamente. Esto sería más saludable para el conjunto de la sociedad o, más exactamente, para todo el entramado superestructural suyo reconocido constitucionalmente que debemos hacer más funcional, lo que no se resuelve apartándolo o desconociéndolo, aunque solo sea porque está ahí, aunque en mi criterio hay muchas razones más.

En el sector estatal la jerarquía del eje tiene que andar por caminos de críticas, consolidaciones, replanteos, rectificaciones, profundizaciones y creaciones.

En el sector estatal la jerarquía del eje tiene que andar por caminos de críticas, consolidaciones, replanteos, rectificaciones, profundizaciones y creaciones. En el resto de los sectores se impone fundamentalmente la creación para -y desde- las condiciones de nuestro proyecto político-social de construcción socialista. En la propuesta, este eje lo percibo estimado de un modo muy reducido, muy inferior a su real significado político, además de extremadamente empobrecido al identificarlo con la actividad de una comisión formada fundamentalmente por obreros estatales. A mi manera de ver, la comisión pudiera ser un agregado, no un sustituto, que es como logro entenderlo desde la lectura del documento..

El control político por parte de los trabajadores sugiere algo muy esencial que supera a una entidad provisional de control obrero directo como es el caso de la referida comisión, según definición del autor. La idea de una contrapartida socialista efectiva, ágil, funcional a las previsiones decisorias del Estado es buena y necesaria; nos hace cada vez más falta que ocurra de manera explícita y evidente. Eso subyace en la idea del control popular, aun cuando se considere que su práctica haya sido solo relativamente eficaz y, no pocas veces, plenamente ineficaz. También en el funcionamiento adecuado de los colectivos laborales desde el dato de realidad de que en Cuba seguimos luchando por hacer más pleno el precepto de que el sujeto fundamental del poder es una entidad colectiva y masiva: el pueblo unido y organizado ¿Qué asegura ahora que la comisión propuesta camine por mejores rutas de eficacia?

Si la comisión no sería una entidad técnica, ni se dedicaría a “estudiar” problemas sino a realizar recomendaciones políticas respecto a cada medida del Programa, según dice el autor, ¿a partir de qué base cultural realizará sus recomendaciones?, ¿cuáles serán los requerimientos para poder integrarla?, ¿cuál es el mecanismo para la integración de esta comisión?, ¿cuál será el lazo de esta comisión con los colectivos laborales organizados y del pueblo en general?, ¿es o no pertinente y legítimo ese lazo?, ¿por qué?, ¿por qué razón los trabajadores de los sectores no estatales no debieran estar si una buena parte de los trabajadores estatales se prevén, según el Programa, que pasen al sector no estatal?

El Programa se iniciaría con “la creación de las condiciones regulatorias mínimas que permitirían comenzar a establecer, en un breve tiempo, empresas cooperativas y privadas”.  El objetivo es “permitir que estas pudieran alcanzar una “masa crítica” suficiente para acomodar -en términos de empleo, ingresos y base impositiva- el inevitable impacto negativo de una devaluación de la moneda nacional sobre una parte de las empresas estatales” (Ibídem).  Es decir, las empresas privadas y cooperativas se conciben como la alternativa para asegurar socialmente una caída más suave del sector estatal.

El afán de entendimiento de esta propuesta genera la demanda de respuestas a preguntas como las siguientes:
¿acaso no se ha venido trabajando en la creación de estas empresas durante los últimos años, aun cuando sea más recientemente que se ha decidido, más o menos, llamarles según lo que son y eso, sin dudas, crea nuevas demandas institucionales, legales y funcionales?, ¿cómo acelerar ese proceso sin mayores peligros para la naturaleza político-social del proyecto revolucionario  y en atención a un entendimiento esencial de lo que el proponente ha denominado el eje central de la propuesta: el control político por parte de los trabajadores?, ¿qué cantidades y calidades económicas encierra esa “masa crítica” suficiente para acomodar el inevitable impacto negativo de una devaluación de la moneda nacional sobre una parte de las empresas estatales?, ¿qué garantías deben ofrecer esas empresas cooperativas y privadas para alivianar económica y socialmente aquella caída de parte de la empresa estatal?, ¿pueden esas empresas realmente ofrecer esas garantías?, ¿cuál ha de ser el ritmo de empleo que deberán sostener las empresas no estatales para sanear en corto plazo las plantillas de las empresas estatales, llevando al “cero desempleo neto” y generando el aprovechamiento de esos recursos laborales en la creación de valor?, ¿cuáles son las bases objetivas que permiten estimar que las empresas privadas y cooperativas realizarán esa absorción de empleo?, ¿cómo se expresará eso en las dimensiones cuantitativas y cualitativas de esas empresas?, ¿qué prácticas deberían consolidar o abandonar las incipientes empresas cooperativas y privadas según la experiencia de estos años?, ¿por qué han triunfado algunas de ellas y otras han quebrado?, ¿cuáles son los criterios sociales de éxito de este tipo de empresa en una sociedad que se empeña en construir el socialismo que le es posible?, etc. En el apartado del Programa dedicado a estas empresas no encuentro suficientes indicios de respuestas al respecto.

El ritmo adecuado que se hace necesario implica, a mi manera de ver, un manejo político de este proceso que asegure la mayor organicidad posible de estas formas económicas dentro del trazado general (no solo económico y jurídico) de construcción socialista. El autor lo sustenta al apuntar la necesidad de una “una legislación adecuada que regule la contratación laboral de acuerdo con principios de justicia social”  y las llamadas, en el Programa, “metas sociales predominantes”.
En todo caso se impone revisar la base regulatoria de la actividad de estas empresas, incluyendo no solo indicadores y relaciones económicas y la normatividad jurídica existente o debida sino también los elementos asociados a la producción, reproducción y socialización de valores sociales no capitalistas ni corporativistas y de estricta observancia de la política social y laboral del país, considerando el derecho de los colectivos laborales y de los sindicatos en su marco.

Todo esto debe estimar la participación pertinente de estos empresarios, a partir de la máxima planteada por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de que todo lo que hacemos es para continuar la construcción socialista y no para construir capitalismo. Cuestión esta que debiera presidir una suerte de prevención ideológico-axiológica, la que fuera conveniente incorporarla, de manera explícita y orgánica, en el proceso de autorización de las nuevas empresas y convertir sus premisas en objeto de control continuo, tanto como otros reguladores más explícitamente económicos y jurídicos.

En consecuencia, la búsqueda de organicidad social ha de ser para nosotros una constante histórica, como lo ha sido en cualquier sociedad.

Esta es una cuestión esencial porque tiene que ver con la naturaleza predominantemente política de la transición socialista en la que nos involucramos y, por tanto, con la suerte histórica de un proyecto político que en muchos órdenes ha sido fundante de grados históricos mayores de dignidad nacional, social y humanista del país, a pesar de las carencias y deficiencias acumuladas, gracias, en medida nada desdeñable, al soporte material generado por la empresa estatal y al esfuerzo del pueblo unido y organizado.

En consecuencia, la búsqueda de organicidad social ha de ser para nosotros una constante histórica, como lo ha sido en cualquier sociedad. Empeño este en el que economía, política, ideología, ética, cultura y sociedad han andado estrechamente enlazados. El asentamiento del capitalismo devino como proceso de encarnación de sus valores ideológicos esenciales en la estructura de propiedad que hace funcional la lógica dominante en este tipo histórico de sociedad. Todos los ajustes económicos capitalistas a lo largo de la historia han estado presididos por valores ideológicos encarnados en los valores económicos, de modo que son estos los que aparecen en su superficie. Es lógico que así sea; se trata de una sociedad históricamente establecida conforme a los códigos que la vitalizan en su singularidad.

La transición socialista cubana se esfuerza en el establecimiento de nuevas relaciones sociales que disienten procesalmente de las de tipo capitalista. Es evidente que la gran paradoja en esa lid es ¿quién vence a quién?, como sintetizaba Lenin. Por eso la política que dinamiza dicha transición debe interesarse tanto por el modo en que se resuelven los problemas prácticos como por el acumulado socialista que producen esas soluciones. No es el asunto anteponer dogmáticamente esta consideración a la realidad histórica. Es que la acción histórica la tome en consideración, pues la organicidad social durante la transición socialista seguirá siendo, como tendencia, socialistamente deficitaria y solo la superación de ese déficit dará cuenta del establecimiento histórico de una nueva y singular sociedad. Sin embargo, desconocer este asunto, dejarlo a la espontaneidad o aportar por descuido en un sentido incongruente con ese propósito son atentados reales contra la posibilidad de funcionamiento socialista, en lo posible, de lo esencial total del eje central de la propuesta.

Durante la transición socialista cubana la encarnación económica de los valores ideológicos de emancipación nacional, social y humana que la aúpan no se ha realizado suficientemente, ni siquiera en las formas asentadas en la propiedad social estatal socialista; mucho menos pueden hacerlo en la cooperativa no agropecuaria y en el sector privado. Para lograrlo no se le puede dar de lado a este asunto, es menester aprender a colocarlo en el empeño, no como agregado sino como regulador intrínseco al proceso económico en todo lo que sea factible. Ese es un acto de creación posible. No es de loco aspirar a que la empresa privada y cooperativa en Cuba se distinga de la de Nueva York o de la de Haití. Pero la aspiración debe ser construida, lo que será un empeño también para la continuidad de los ajustes históricos necesarios.

Se afirma en el Programa que la reforma de la empresa estatal y la expansión de un sistema empresarial cooperativo y privado son las dos caras de una misma moneda. Pero, tomando el símil, las dos caras de una moneda son (en su calidad monetaria) equivalentes, más exactamente univalentes, más allá de su complementación en el diseño que le da autenticidad territorial, valor legal y numismático, etc  ¿Es así como debe ser pensada la correlación sector estatal - sector no estatal en Cuba? Que no se comporten de modo antagónico ¿significa equivalencia?, ¿la rápida expansión del sector privado y cooperativo que se propone está mirando a esa equivalencia?, ¿el obstáculo solo se ve en la ineficiencia económica de parte de la empresa estatal o también en el monto económico-político general de la empresa estatal?, ¿la empresa privada y cooperativa en Cuba no tiene nada que ajustar en lo que de ella se ha visto ya?, ¿cómo contribuiría la rápida expansión de la empresa privada y cooperativa al necesario saneamiento de la empresa estatal y, por su vía, al progreso social asentado en la justicia para todos?, ¿cómo asegurarían materialmente esas empresas la extraordinaria responsabilidad material del sector estatal en la realización de la política social de la Revolución?, ¿cómo modificar el sistema tributario de modo que las empresas no estatales asuman la responsabilidad material social que tienen hoy las empresas estatales en la misma proporción en que se prevé la sustituyan en oferta de empleos y creación de valores?, ¿es acaso un asunto solo de aseguramiento material de la política social lo que se pone en juego con esta solución o también otros factores de carácter estratégico que no son estrictamente económicos, ya que la construcción socialista no es solo un asunto económico?, etc.

Es cierto que el autor precisa que “la propuesta se limita a proveer un esquema que pudiera orientar el proceso”  y que las variantes técnicas posibles “necesitan decisiones políticas que no competen a la esfera académica” (Ibídem).  No obstante, al estudiar el Programa no pueden evitarse determinadas preguntas, algunas de las cuales (y otras que se formulan antes y más adelante) pueden ser entendidas como parte del “esquema que pudiera orientar el proceso”. Algunas de estas preguntas están motivadas por el sentido desequilibrio en la ponderación del valor que se le otorga en la propuesta a las empresas privadas y cooperativas y el que se le adjudica a las empresas estatales. Respecto a estas últimas, a veces la moderación de la objetividad lleva a referirse a parte de ellas y en otras ocasiones esta mesura cede hacia el absoluto (ej: “¿cómo gestionar integralmente la principal fuerza productiva del país –sus trabajadores- ante la incapacidad de la empresa estatal para hacerlo?” ) La propia reconstrucción contextual de lo que llama “historia del caballo muerto” denota ese matiz de absolutización.

La compatibilidad e interrelación de los distintos sectores económicos -insoslayable necesidad en la que coincidimos con el autor- sitúa responsabilidades económicas y sociales en todos los sectores, para que la confluencia genere un sistema socialista de relaciones económicas (no necesariamente un único sistema de relaciones económicas socialistas) asentado en la diversidad de formas de propiedad y de gestión. Como bien subraya el proponente es improcedente concebir la batalla por el desarrollo si los diferentes tipos de empresas no se entretejen. La empresa estatal tiene el reto de la eficiencia que contribuya a asegurar materialmente también, en buena medida, el funcionamiento del resto de las formas de propiedad y estas deben aprender a asumir su responsabilidad social en una sociedad en construcción socialista, lo que es mucho más que el ajuste a un sistema tributario y jurídico-económico, favorecido por la eliminación de grandes obstáculos como la dualidad monetaria y cambiaria. ¿No sería conveniente en el análisis un deslinde entre el sector cooperativo y privado, ya que siempre se aluden entrelazados? ¿No son posibles mecanismos de fortalecimiento del binomio empresa estatal-empresa cooperativa (según los principios actuales o perspectivos de las mismas) como formas de empresas socialistas con grados diferentes de socialización, lo que sin dudas posee un extraordinario carácter estratégico? ¿No tiene ningún chance la estabilidad económica por la prevalencia de esa vía, sin negar el carácter complementario (y en ese sentido también estratégico) de la empresa privada?

Es cierto que el autor se ha ocupado en otras ocasiones de la empresa estatal, haciendo críticas y propuestas. Pero en el referido Programa (todos sabemos el significado político de un Programa) esto no se subraya con la fuerza que amerita, ya que, como reconoce en otro momento, en la empresa estatal “está el grueso del empleo, la principal fuente de ingreso familiar y el sostén de los impuestos de la nación”.

Este solo dato remarca el esencial y principal carácter estratégico de este tipo de empresa o, dicho de otra forma, su inequivalencia estratégica respecto a los otros tipos de empresas. Si la tendencia en la empresa estatal es a una deficiente o mala eficiencia económica, de acuerdo con el dato manejado y referenciado por el autor acerca de que 6 de cada 10 empresas son evaluadas de deficiente por la Contraloría General de la República ¿cuál sería el monto de ese sector no estatal? En atención a ese dato es obvio que si la solución es que el sector cooperativo y privado absorba los recursos humanos que dejarían de ser utilizados en el sector estatal (y obviamente otros bienes materiales), entonces el Programa desmantela el pilar de la base económica del proyecto político-social que se procura actualizar o reformar por razones como las que arguye el autor, entre otras.

Por demás, si “no debería considerarse como algo aceptable el desplazamiento de cientos de miles de trabajadores hacia unidades económicas con trayectorias de bajo aprendizaje tecnológico y organizativo”  ya que realmente es un serio problema económico, social, político e ideológico, ¿a qué actividades económicas deberían dedicarse las empresas privadas y cooperativas que absorberán la fuerza de trabajo proveniente de la deficiente empresa estatal para que este fenómeno antes apuntado no se reproduzca en ellas?, ¿avanzarán en todas las ramas del sector industrial?, ¿cómo juega eso con el precepto estratégico del predominio de la propiedad estatal sobre los medios de producción fundamentales, más allá de las precisiones que esta definición requiere?

Para mí las cuestiones apuntadas, de base principalmente axiológica e ideo-políticas, son esenciales y deben entrar también con carácter fundamental en el criterio no positivista de objetividad, por inseparables que son de cualquier esfuerzo de fortalecimiento de las fuerzas productivas (a partir de la premisa recalcada por el autor de que la fuerza de trabajo es la principal de estas) en unidad dialéctica con las relaciones de producción de prevalencia socialistas, incluido el saneamiento económico de cualquier tipo de empresa, subrayando, por su significación, la estatal. Ladear el análisis solo hacia esta mirada que resalto está mal. Subestimar esto, también lo está. Cualquiera de las 2 ausencias no ayuda porque desconoce el todo. Lo que está en juego es el todo. Es cierto que para abordarlo hay que ir a sus partes pero sin desconectarlas de aquel. Ser consecuentemente objetivo conmina a estimarlo.

Si para alguien todo esto es mera conversación o teque esa es su responsabilidad. En mi criterio son argumentos, como lo son los expuestos por el autor del Programa de referencia, aunque en ambos casos no estén todos los necesarios. Hay en ellos, es cierto, un fundamento doctrinal, pero ese existe en todos las ocasiones, sea uno u otro, aunque pueda parecer, o se prefiera creer, que no.
Como dice el autor, estamos frente a un asunto que es realmente práctico, precisamente por eso es también teórico e ideológico. La práctica es subjetivación de realidades al tiempo que objetivación de subjetividades, las que no solo son ideologías pero en ellas estas poseen una alta capacidad estructuradora.